Las declaraciones de Cristina Cifuentes afirmando que los madrileños pagan la educación y la sanidad de los andaluces reavivan el debate sobre el sistema de financiación de las autonomías. "Con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás", aseguró este jueves la presidenta madrileña en una réplica al PSOE durante un debate.
¿De dónde saca esas cifras Cifuentes? La presidenta se refiere al llamado Fondo de Garantía. En éste, las Comunidades ponen el 75% de sus ingresos recalculados como si todas tuviesen la misma presión fiscal. Y ello lo hacen para nutrir el sistema de financiación autonómico. A continuación, estas cantidades se redistribuyen entre las regiones en función de la población ajustada teniendo en cuenta los costes que suponen factores como el envejecimiento de la población, la dispersión de los habitantes, la proporción de niños o la insularidad.
Como hay comunidades cuyos contribuyentes son más ricos, éstas ponen más dinero por persona. Y a la hora de repartirlo, esas autonomías luego sacan evidentemente menos fondos por cabeza de los que pusieron. De hecho, normalmente son tres las comunidades que siempre resultan aportadoras netas a este Fondo de Garantía: Madrid, Cataluña y Baleares, las más ricas. Y la que más pone de largo es Madrid, con más del 70% de esa contribución neta.
Según el reparto de 2016, la comunidad madrileña alega que ha aportado 3.448 millones de euros a la solidaridad. De esos fondos solidarios, Andalucía se queda aproximadamente con el 30%. De ahí que Madrid pueda argumentar que da unos 1.000 millones de euros a la comunidad andaluza. Sin embargo, en ningún caso puede afirmarse que "los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás", tal y como ha sostenido Cifuentes.
¿Cabe decir que esos 1.000 millones que sí aportan estén sufragando directamente la educación y la sanidad de los andaluces? En una pequeña parte sí. No obstante, el presupuesto de Andalucía de 2017 contempla un gasto en educación de 7.252 millones de euros y un desembolso en sanidad de 9.304 millones de euros. Es decir, los 1.000 millones no llegan ni de lejos para financiar el conjunto de estos servicios andaluces.
Fiscalidad progresiva
Las declaraciones de Cifuentes confunden cómo funciona el sistema tributario y, por tanto, la financiación autonómica. Al igual que Amancio Ortega no tributa por IRPF lo mismo que un español medio, las comunidades abonan más en función de su riqueza. En la actualidad, la fiscalidad española es progresiva, y eso implica que lo que más tienen desembolsan una cuota mayor de sus rentas. Al haber en Madrid contribuyentes más acaudalados, lo lógico es que paguen más impuestos. Lo cual explica el saldo deficitario que presenta Madrid respecto al resto. Ese déficit no es más que el reflejo de que unos territorios son más ricos que otros.
Sin embargo, el objetivo de la financiación autonómica consiste en garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso similar a los servicios públicos y puedan recibir la misma cobertura con independencia de si viven en una comunidad rica o pobre. Precisamente el PP siempre ha contestado a los nacionalistas catalanes que quienes pagan impuestos son los ciudadanos y no las regiones, de forma que si una autonomía contribuye más a la solidaridad regional lo hace porque sus contribuyentes son más ricos. La pelea por llevarse una parte mayor de la tarta en el nuevo sistema de financiación parece que ha comenzado.
Fuente: ELPAIS.ES
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