"¿Por qué en España robar una gallina para comer cuesta un año de cárcel
y robar millones de euros lo perdona el Gobierno con un indulto?". Es
una de las preguntas que el diputado de Izquierda Unida Gaspar
Llamazares ha dirigido al Gobierno a raiz de la información --publicada
por este diario el pasado 5 de julio-- de la condena impuesta a un joven por robar un ejemplar de gallina tasado en 5 euros.
En
su escrito, el parlamentario destaca, en contraste con la condena al
joven que robó la gallina, que el Gobierno echó mano el 29 de junio de
2012 "de la Ley de Gracia de 1870 para exonerar a cuatro condenados por corrupción urbanística
a penas que oscilan entre los 9 años y medio y los 5 de prisión, el
exalcalde del PP del Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez Arrabal y a
tres de sus concejales".
Y añade que, en marzo del mismo 2012, la medida de gracia también fue aplicada a culpables de corrupción.
"Concretamente al exsecretario general del Departamento de Trabajo de
la Generalitat, Josep Maria Servitje, y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña,
empresario de UDC -el partido coaligado con la Convergencia de Artur
Mas- y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre".
Subraya que ambos habían sido condenados en 2009 a cuatro años y medio y dos años y tres meses de cárcel
respectivamente por haber desviado 7,6 millones de pesetas (unos 46.000
euros) a empresas afines a las que contrataban falsos informes. "Pero
el indulto de Rajoy convirtió esa condena en sendas multas de 3.600
euros", dice Llamazares.
El diputado expone además que el
entonces fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, reveló en
noviembre de 2009 que se estaban tramitando un total de 730 causas contra cargos públicos por corrupción.
"Desde
la ley del Talión --señala el texto de la pregunta parlamentaria--, en
el Derecho Penal moderno la pena constituye una retribución que la
sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor culpabilidad,
y por lo tanto mayor castigo merece el culpable. El principio de
proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización desmedida
de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la
libertad, y para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es
otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger
bienes jurídicos valiosos".
Por todo ello, Llamazares pregunta al
Ejecutivo por las medidas que piensa promover "para evitar que, gracias
al abuso del indulto, robar una gallina en España cueste un año de
prisión y robar millones de euros, nada".
Fuente: Publico.es
Solo hay una solución: el indulto debe ser abolido. Responde a epocas pretéritas y no tiene ningún sentido dado nuestro sistema jurídico hipergarantista. Bueno si tiene sentido, el de que los delitos por corrupción y otros en los que estén implicados amigos del gobierno de turno queden impunes. Con corrupción no hay democracia, ojalá algún día gane las elecciones un partido verdaderamente honesto que termine con esta lacra. Pero el no votar no es una opción pues dejamos el poder de elegir a nuestros representantes en manos de personas no críticas o acérrimos. La solución quizás sea intentar que formaciones no tan unidas al poder como PP y PSOE adquieran peso político.
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