¿Podemos los catalanes decidir nuestra pertenencia a España
mediante un referéndum? Los defensores del "derecho a decidir" plantean,
en términos coloquiales, el símil de una pareja: si una de las partes
quiere separarse, ¿cómo se va a impedir? Desde la política española no se acepta la metáfora, porque supone aceptar que Cataluña y una entidad llamada Resto de España
son partes equivalentes. Sin embargo, en el debate popular el símil es
imbatible: si una parte no quiere seguir la convivencia, ¿cómo
imponérsela? Argumentar que la independencia de Cataluña corresponde
decidirla a todos los españoles equivale a negar el divorcio porque el
matrimonio es cosa de dos y solo los dos lo pueden romper. Ahora bien,
una cosa es plantear la ruptura y otra distinta plantear un "nuevo
modelo de relación": difícilmente se le admitirá a una parte la
capacidad para decidir unilateralmente las condiciones para una nueva
relación.
¿En qué escenario estamos en Cataluña? ¿Ruptura o reformulación de la
relación? ¿Amago de ruptura para reformular la relación? ¿Amago de
reformulación para propiciar la ruptura? Por razones profesionales
(también por afición) sigo bastante de cerca la información política, y
no soy capaz de responder a esas preguntas. Además de mis limitaciones,
creo que algunos mensajes confusos de la política catalana contribuyen a
ello.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha planteado fórmulas
ambiguas para describir sus objetivos: "interdependencia", "instrumentos
de Estado", "una independencia no clásica"... Todas ellas sugieren un
"nuevo modelo de relación". Josep Antoni Durán i Lleida rechaza la
independencia, y reclama un "nuevo modelo de relación". Los socialistas
proponen también un "nuevo modelo de relación". En general,
organizaciones empresariales, sindicatos, medios de comunicación...
sugieren la necesidad de un "nuevo modelo de relación". Solo Esquerra
Republicana propugna una independencia sin ambages. Ahora encabeza las
encuestas. Lógico, porque a la corriente independentista popular se ha
unido, en el último año, una masiva campaña institucional de
idealización de la independencia: el único partido que la defiende
explícitamente se lleva las simpatías.
La mayoría política y social de Cataluña está planteando el deseo de
un "nuevo modelo de relación", pero exige "derecho a decidir". Aquí nos
encontramos un nudo: En primer lugar, ¿cómo compatibilizar el "derecho a
decidir" con el deseo de una nueva relación, sobre la que parecería
razonable que también decidiera la otra parte? Y, en sentido contrario,
¿cómo ignorar que una abrumadora mayoría en Cataluña desea un "nuevo
modelo de relación"?
En este juego de sobrentendidos y eufemismos en el que se ha
convertido la política, "nuevo modelo de relación" significaría nuevo
reparto del dinero de los impuestos y, especialmente, nuevos mecanismos
en el proceso de toma de decisiones sobre ese dinero. En suma, un nuevo
reparto de poder entre Cataluña y el resto de España, o España. De
nuevo, el callejón sin salida: "derecho a decidir" sobre "un nuevo
reparto de poder". Aunque sorteáramos el hecho de que
Resto de España
no se reconoce como parte, aunque se aceptara que la relación actual es
injusta, si hubiera una reformulación de la relación, una de dos: o
esta nueva relación es decidida y aceptada por todos los españoles, o
los catalanes nos estaríamos atribuyendo el "derecho a decidir" sobre la
constitución de todos los españoles.
Cosa distinta sería que la "nueva relación" surgiera del hecho de
haber ejercido el "derecho a decidir": los catalanes votamos, y con el
resultado de lo que votemos, nuestras autoridades proceden a negociar
con el Gobierno de España. Suponiendo que eso fuera posible, ya no sería
decidir. Sería proponer. Los catalanes votamos una propuesta para
negociarla. Y luego volvemos a someter a consulta el resultado de la
negociación, rezando para que por fin salga el sí, y rezando también
para que, pasados tres o cuatro años, el Tribunal Constitucional (donde
habrían permanecido emboscados los magistrados designados por el partido
contrario a la segunda ratificación de la primera negociación) no
sentenciara la inconstitucionalidad de todo, devolviéndonos a la casilla
de salida.
Entonces, como lo anterior es un sinsentido, y además ya vivimos un
episodio parecido con el Estatut de 2006, ¿únicamente queda el escenario
de ruptura? El Gobierno de Mariano Rajoy sospecha que Artur Mas utiliza
la hipótesis de la independencia solo como instrumento de presión para
negociar desde una posición de fuerza el "nuevo modelo de relación". La
independencia no sería un objetivo, sino un instrumento al servicio de
una estrategia negociadora. En consecuencia, no conviene alterarse.
Cuando los catalanes hayamos acabado nuestros aspavientos, ya
comunicaremos qué queremos concretamente, y en su caso se aplicará la
ley, como se hizo con el
Plan Ibarretxe, el Estatut de 2006 o la propuesta de pacto fiscal de 2012.
Precisamente estas dos últimas experiencias alientan en Cataluña una
sospecha paralela: una oferta española de "nueva relación" solo
aparecerá si el independentismo (clásico) se convierte en una amenaza
creíble. Si vamos por las buenas, nos torean. Si se percibe titubeo en
el proceso, el fracaso será rotundo. En consecuencia, se impone una
cierta sobreactuación: ¡España nos roba, vivimos sin libertad,
independencia ya!
En esta estrategia de tensión, los ciudadanos somos carne de cañón
para una guerra demoscópica, consumidores de mensajes contra el enemigo:
los españoles, los catalanes, los nacionalistas, los unionistas, los
independentistas... Gracias a Dios, disponemos de enemigos para todos.
Las encuestas sirven para modular las propuestas de nuestros dirigentes,
cuya función es a un tiempo alentar nuestra indignación y navegar sobre
ella.
En la batalla política y mediática, en general cada cual se dirige a
los suyos, y el resultado es un juego un poco absurdo de darnos la razón
por grupos. Así, en Cataluña ha acabado por abrirse paso la idea de que
los catalanes tenemos derecho a decidir entre el actual autogobierno,
otra fórmula más autonomista y la independencia. Una vez lo hayamos
decidido, comunicaremos al Gobierno español la relación que va a
mantener con nosotros. Esa decisión será acatada, y el nuevo modelo será
incorporado a su Constitución. Todo esto, el año que viene. Sin
rupturas. En el caso de que España no deseara este escenario, que podría
conllevar tensiones desagradables, estamos dispuestos a escuchar
ofertas.
Honestamente, creo que nos estamos engañando.
El "derecho a decidir" ataca el
fundamento de la Constitución. La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de España. A cambio de ese
fundamento,
la Constitución "reconoce el derecho de autonomía". Ese fue el pacto de
1978, guste más o menos. Podemos romperlo, pero no podemos desconocer
que la tradición española sobre rupturas de pactos constitucionales no
apunta en buena dirección. Nadie parece considerar en Cataluña que,
planteado el pulso, pueda revisarse también desde otro punto de vista el
pacto constitucional.
¿Podemos los catalanes decidir la pertenencia a España mediante un
referéndum? Sí, siempre y cuando rompamos la Constitución, con las
consecuencias que eso tenga. ¿Podemos los catalanes decidir la relación
con España? No, no podemos dictar la Constitución de todos los
españoles. ¿Tiene salida este callejón? Sin que los catalanes
aparquemos, aplacemos o suspendamos el "derecho a decidir" y, a cambio,
el Gobierno español admita la posibilidad de un "nuevo modelo de
relación", no será posible salir del bloqueo.
Fuente:
Huffingtonpost
