Es una experiencia personal, pero
probablemente se le puede aplicar un coeficiente de generalización.
Habitualmente el desayuno era un momento relativamente plácido. Mientras
se hacían las tostadas y el café, se dejaba correr la imaginación sobre
las tareas del día, los proyectos, las dificultades. Eran minutos en
que uno se armaba de valor para afrontarlos. Esto ha cambiado. Ahora
desayunamos sometidos a un bombardeo de noticias sobre corrupción que
desconciertan, indignan e, incluso, inclinan a volver a la cama. Es un
fenómeno que puede enfocarse desde diferentes perspectivas, desde la
política, desde la ética, desde la sociología…, trataremos aquí de
abordarlo desde la óptica de sus consecuencias económicas. Por supuesto
de forma cualitativa, ya que su cuantificación, por su propia
naturaleza, está plagada de dificultades tal y como se pone de
manifiesto aquí: http://economia.elpais.com/economia/2013/07/29/agencias/1375094611_897338.html.
Las consecuencias económicas de la
corrupción presentan numerosas vertientes pero, huyendo del análisis
exhaustivo, hemos seleccionado las siguientes:
La corrupción reduce la eficiencia del gasto público.
Parece obvio que cuando un empresario
paga subrepticiamente para conseguir un contrato con el Estado es porque
espera obtener unos ingresos adicionales, lo que supone el incremento
del coste del proyecto. Además, las percepciones que recibe, bien el
partido político correspondiente, bien personalmente el responsable de
la Administración, les hacen proclives a gastar en proyectos sin un
análisis cuidadoso de su rentabilidad.
Los proyectos sufragados con dinero
público requieren un estudio de rentabilidad más complejo que los que
dependen de la iniciativa privada, ya que al retorno directo a las arcas
de las administraciones se debe añadir su rentabilidad social. La
construcción de un aeropuerto, por ejemplo, ofrece los ingresos directos
de su utilización pero, si estos no son suficientes para justificar el
gasto, es legítimo añadirles los que se derivan de la promoción del área
geográfica en que se sitúa, turismo por ejemplo. Sin embargo, este
último apartado puede ser bastante ambiguo y, por tanto, sometido al
criterio de la gente que toma la decisión. Si este criterio viene
condicionado por la corrupción, podemos encontrarnos con que la
rentabilidad total es, en la práctica, inferior a la que resulta de los
análisis previos. La corrupción aporta ineficiencia a la utilización del
gasto público.
La corrupción distorsiona la estructura del aparato productivo
La evidencia apunta al sector de la
construcción como origen tradicional de un porcentaje muy elevado de los
fondos empleados en corromper. Tiene su lógica. Las decisiones
administrativas sobre recalificaciones, permisos, etc., en este sector,
añaden de forma inmediata un valor muy elevado, con la ventaja de que no
implican gasto público. Es fácil condicionar estas decisiones a
recompensas que el empresario correspondiente está dispuesto a entregar,
ya que el neto le es claramente favorable.
En términos teóricos, y dado que el
comportamiento humano es bastante sensible a los incentivos, se puede
deducir que la corrupción es uno de los factores que han colaborado al
sobredimensionamiento de la actividad constructora en nuestro país, en
detrimento de otras actividades. El valor añadido por decisiones
administrativas aumenta la rentabilidad del sector construcción en
términos relativos, provocando un fenómeno de sustitución entre
sectores, con la particularidad de que es un sector caracterizado por su
baja productividad. La consecuencia evidente es que el empleo de los
recursos productivos se orienta de forma que disminuye la productividad
media.
Uno de estos recursos de especial
relevancia es el crédito. La expectativa de rentabilidad, en ausencia de
una regulación adecuada, aboca a incrementar de forma desmesurada el
peso del “ladrillo” en los balances del sistema financiero. Es un
incremento en sí arriesgado. Si, además, el sistema financiero capta
gran cantidad de fondos en los mercados internacionales, a bajos tipos
pero con plazos muy reducidos, entre 1 y 3 años, y los presta con
ganancia pero a un plazo mucho mas largo, entre 20 y 35 años, ya que se
trata esencialmente de crédito hipotecario, la solvencia del sistema
financiero puede verse gravemente afectada.
En el primer curso de contabilidad se
insistía, hasta el límite de la pesadez, en que los balances de las
empresas tienen que guardar ciertos equilibrios temporales. La cuantía
del activo a largo plazo no debe ser sensiblemente mayor que la del
pasivo a largo o, en otras palabras, el activo a largo debe estar
financiado con pasivo a largo. Algún día alguien tendrá que contar como
se ha generado y permitido un proceso en el sector financiero español
que ha llevado a un diferencial tan amplio entre los plazos medios de
los créditos concedidos y los plazos medios de su endeudamiento ¿Es que
se perdieron la clase de contabilidad? Con esos plazos los bancos y
cajas se ven obligados a renegociar su deuda cada poco tiempo y, cuando
la crisis mundial endurece los mercados financieros, se encuentran con
que no pueden captar fondos suficientes y los que consiguen exigen tipos
de interés mucho más elevados. Suspenden sus operaciones con efectos
devastadores sobre las empresas y entran en la insolvencia.
Desarrollo inadecuado del aparato
productivo y crisis financiera, ¿nos suena? Obviamente son consecuencias
de muchas causas entrelazadas, pero puede intuirse que el fenómeno de
la corrupción ha aportado su colaboración.
La corrupción condiciona los procesos de privatización.
El Estado tiene legitimidad para
privatizar empresas públicas, pero cuando se trata de empresas que
muestran elevados índices de rentabilidad, posiciones estratégicas de
largo alcance para la economía o cuando afectan a servicios sociales,
sanidad, educación… es necesario ser muy precisos en sus valoraciones y
consecuencias económicas y sociales. Las privatizaciones pueden generar
centros de poder económico fieles a quienes deciden privatizar,
convirtiéndose en un incentivo de naturaleza corrupta que puede mermar
los ingresos públicos y el estado de bienestar.
La corrupción desalienta al contribuyente
La eficacia del sistema recaudatorio se
asienta sobre un conjunto de condiciones: legislación fiscal adecuada,
información precisa, coerción disuasoria… y, también, conciencia social
que logre que los ciudadanos acepten como un deber contribuir al
esfuerzo común. Hay tipos de corrupción que inciden muy negativamente en
esta última. El espectáculo de gobernantes que reciben dinero no
declarado, “en negro”, es una fábrica de desaliento. Quienes nos exigen
impuestos cada vez más elevados se eximen a si mismos de pagarlos. ¿Es
que somos los menos listos de la clase? Es una fuente de argumentos que
auto-justifican la evasión de impuestos y que quiebran su aceptación por
los ciudadanos.
Las consecuencias son automáticas:
disminuyen los ingresos públicos y aumentan los gastos derivados de los
intereses de la deuda pública. Pero hay otra adicional muy importante en
momentos de crisis como los que vivimos: reduce la capacidad del Estado
para tomar medidas de carácter anti-cíclico, medidas que traten de
contrarrestar los efectos de la crisis y ayuden a superarla. La
incidencia del Estado en la economía se canaliza a través del
presupuesto y un presupuesto limitado por la evasión fiscal limita su
capacidad de actuar.
La corrupción deteriora la imagen exterior de España
Comentaba a un funcionario alemán que la
imagen de España reflejada por los medios de comunicación de muchos
países, adolecía de argumentos exagerados y, en ocasiones, falsos. Él
admitía que en parte estaba en lo cierto, pero que las noticias de un
miembro de la Casa real y un Presidente del Gobierno involucrados en la
corrupción impacta en la línea de flotación de nuestra imagen y
justifica cualquier exceso. Portadas y editoriales contundentes de
periódicos como el Financial Times, el Washington Post o The Economist,
protagonizadas por la corrupción en nuestro país llevan nuestra imagen a
las cercanías de república bananera.
Esto también tiene consecuencias
económicas desfavorables. Reduce la capacidad de negociación de nuestros
representantes en los foros internacionales (un mundo de lobos),
transmite la sensación de inseguridad jurídica a los inversores
potenciales y trastoca la confianza de los mercados.
El signo del resultado económico de la
corrupción en cada uno de los apartados seleccionados es claramente
negativo y sospecho que, en conjunto, su cuantía es relevante –un
reciente estudio –citado- la cuantifica en 40.000 M€ -cifra equivalente
al rescate de la banca española- lo que, si en condiciones normales es
inaceptable, en la situación actual adquiere tintes dramáticos.
No es fácil, por supuesto, deducir las
cifras, ya que, como se apuntaba, los datos son opacos por naturaleza y
la corrupción es una más de las muchas causas que determinan la
evolución de las variables económicas. En lenguaje de economistas,
habría que calcular la derivada parcial de cada variable con respecto a
la corrupción. Sería un ejercicio sofisticado que requeriría imaginación
para identificar indicadores, amplios conocimientos de econometría y
grandes dosis de voluntarismo. Un trabajo arduo, pero tal vez surja
algún joven economista que lo encuentre atractivo.
Sería muy útil para quienes ya no somos
tan jóvenes y que, cuando lo fuimos, dedicamos todos nuestros esfuerzos
en traer la democracia a nuestro país, entre otras cosas, para acabar
con el mayor periodo de mediocridad y corrupción de la Historia de
España.
¿Será nuestro Gobierno heredero de semejante periodo de corrupción y mediocridad ?
Fuente: Economistasfrentealacrisis
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